A medida que se acercan las elecciones parlamentarias, cuatro diputados de la Región de Antofagasta han confirmado su intención de buscar la reelección. Catalina Pérez, en cambio, encara un juicio por corrupción que mantiene en suspenso su futuro político.

Por Elías Machuca Miranda y Jorge Varas

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Antofagasta. La carrera parlamentaria en el norte del país comienza a definirse, y en la Región de Antofagasta ya hay cuatro nombres que buscarán mantenerse en el Congreso. Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), Jaime Araya (independiente), José Miguel Castro (Renovación Nacional) y Sebastián Videla (independiente) han oficializado su intención de ir a la reelección en los comicios de noviembre.

El escenario electoral, sin embargo, no transcurre en un clima de normalidad. La crisis de confianza en las instituciones y el avance judicial en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años —Democracia Viva— marcan el tono de una contienda donde el descrédito político pesa más que los slogans.

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Candidaturas en un Congreso bajo sospecha

Los anuncios de reelección ocurren mientras la ciudadanía expresa un creciente malestar con la clase política. El diputado Sebastián Videla reconoce esa tensión y defiende su candidatura con un discurso de rendición de cuentas:

“Entiendo plenamente que la ciudadanía no está contenta con la política, especialmente tras casos que han dañado la credibilidad del Congreso”, declaró.
“No se trata solo de sancionar, sino también de prevenir con mejores leyes y más control ciudadano”, agregó.

Videla asegura que su trabajo se ha centrado en una agenda basada en transparencia, participación ciudadana y fiscalización del Estado.

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El caso Pérez entra en fase decisiva

Mientras sus colegas preparan campaña, la diputada Catalina Pérez enfrenta un proceso judicial que avanza a la etapa de juicio oral. Formalizada en 2023 por presunto fraude al fisco y otros delitos vinculados al caso Democracia Viva, la parlamentaria se encuentra bajo arresto domiciliario total, a la espera del inicio del juicio que definirá su responsabilidad penal.

La acusación del Ministerio Público detalla millonarios traspasos de fondos públicos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, dirigida por el entonces novio de Pérez, con evidencias de tráfico de influencias y uso indebido de recursos fiscales.

El caso ha desencadenado una crisis sin precedentes para Revolución Democrática, partido al que la diputada pertenecía hasta su suspensión. A pesar de la gravedad del caso, la ley chilena no impide su eventual postulación, salvo que sea condenada con sentencia ejecutoriada.

La abogada Marianelli León, de la Corporación de Asistencia Judicial, señala:

“Mientras no haya una condena definitiva, Pérez puede legalmente postular. Pero eso no significa que éticamente esté habilitada. El vacío entre lo legal y lo moral es cada vez más evidente”, explica.

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La opinión pública endurece su juicio

En las calles de Antofagasta, la indignación se ha intensificado. La posibilidad de que una persona imputada por corrupción pueda volver a competir en las urnas genera rechazo. Bastián Tapia, vecino del sector norte, lo resume así:

“Esto ya no es solo decepción. Es indignación. Uno vota por personas que deberían representar a la ciudadanía, no a sus propios intereses”, afirma.
“Si alguien que está en su casa por orden judicial puede postular, ¿de qué sirven las leyes?”, cuestiona.

En redes sociales y medios locales, se repite una demanda transversal: elevar los estándares éticos para el ejercicio de cargos públicos, incluso si la ley permite ciertos vacíos.

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¿Una elección distinta?

Con el cierre de inscripciones previsto para agosto, el panorama electoral en Antofagasta comienza a definirse. Pero este año, la mirada ciudadana será distinta: más crítica, más exigente y menos dispuesta a tolerar abusos.

Las campañas ya no solo se disputarán en calles y redes sociales, sino también en la percepción pública sobre quiénes están realmente habilitados —no solo por la ley, sino por la ética— para representar a la ciudadanía.