En la Región de Antofagasta, el tablero político comienza a moverse con fuerza de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre. Cuatro de los cinco diputados en ejercicio han confirmado su intención de buscar la reelección, en un escenario marcado por el desencanto ciudadano y la sombra judicial que pesa sobre una de las figuras más controversiales del último año: la diputada Catalina Pérez.

Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), Jaime Araya (independiente), José Miguel Castro (Renovación Nacional) y Sebastián Videla (independiente) ya han oficializado su participación en la próxima contienda electoral, según confirmó El Mercurio. Sus anuncios se enmarcan dentro de un proceso de definiciones políticas que ya comienza a tomar forma en la región.

La decisión de repostular no llega en el mejor momento para la clase política. La ciudadanía observa con creciente escepticismo el actuar de sus representantes, especialmente luego de los escándalos que han sacudido al Congreso. Así lo reconoció el diputado Sebastián Videla, quien en conversación con este medio defendió su candidatura con un discurso centrado en la transparencia y el control ciudadano.

“Entiendo plenamente que la ciudadanía no está contenta con la política, especialmente tras casos que han dañado gravemente la credibilidad de varias instituciones. En mi caso, me he enfocado en promover una agenda legislativa basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, expresó Videla. Y añadió: “No se trata solo de sancionar, sino también de prevenir con mejores leyes y más control ciudadano”.

Pero mientras algunos afinan sus campañas, el futuro político de Catalina Pérez permanece en una zona gris. La parlamentaria, que fue formalizada por presunto fraude al fisco en el marco del caso Democracia Viva, cumple actualmente arresto domiciliario total. La investigación, aún en curso, gira en torno a millonarios traspasos de fondos públicos a una fundación ligada a su expareja, lo que ha desatado una crisis institucional sin precedentes.

Consultada sobre las implicancias legales de esta situación, Marianelli León, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, explicó: “Estar bajo arresto domiciliario no impide legalmente postular a un cargo público, mientras no exista una condena ejecutoriada con penas accesorias. Sin embargo, el caso abre un debate urgente sobre los estándares éticos que se exigen a quienes aspiran a cargos de representación”.

En efecto, según los lineamientos del Servicio Electoral de Chile (Servel), solo las personas condenadas por ciertos delitos pierden el derecho a postular, dejando vacíos normativos en situaciones donde los involucrados han sido formalizados, pero no sentenciados.

Esa brecha entre lo legal y lo ético no pasa desapercibida para la ciudadanía. En las calles de Antofagasta, la indignación se palpa. Bastián Tapia, vecino de la ciudad, expresó su frustración: “Da rabia y decepción. Uno vota esperando que los diputados trabajen por el bien común, no para beneficiarse a sí mismos o a sus cercanos. Que alguien con arresto domiciliario piense en postular, me parece una burla”.

Tapia no es el único que se muestra escéptico. Como él, muchos ciudadanos advierten que en las próximas elecciones pondrán especial atención en la trayectoria de los candidatos, su historial ético y su verdadero compromiso con la región.

Con la fecha de inscripción de candidaturas fijada para agosto, el escenario electoral en Antofagasta se empieza a definir. Y aunque los nombres comienzan a repetirse en las listas, esta vez los votantes parecen dispuestos a examinar más allá de los slogans y promesas. La ciudadanía exige respuestas, y la política está obligada a darlas.