Una nueva controversia golpea al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Mejor Niñez). Un reportaje publicado por CIPER reveló que el director nacional del organismo, Claudio Castillo, compartió borradores de las bases técnicas de un concurso público con fundaciones agrupadas en la llamada “Mesa de Residencias”, antes de que estas fueran publicadas oficialmente. Varias de esas fundaciones terminaron adjudicándose los fondos.
La filtración ocurrió en octubre de 2024, cuando Castillo recién había asumido el cargo. Según la investigación, el director solicitó un borrador de las bases para licitar residencias destinadas a niños de 4 a 8 años en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y La Araucanía. Posteriormente, este documento fue compartido con organizaciones privadas, quienes enviaron sugerencias que fueron integradas a la versión final del concurso.
La situación ha generado preocupación entre profesionales del área, que advierten que el sistema puede incluso profundizar el daño en lugar de repararlo.
En este sentido, una psicóloga clínica que trabaja con niños derivados a familias externas señala:
Dando otra mirada dentro del sistema que ya es considerado por algunos expertos como paradójico e iatrogénico, se suma el desgaste crónico que enfrentan los profesionales que trabajan directamente con los niños. Maltrato laboral, precariedad, alta rotación y entornos institucionales agresivos son parte del panorama habitual en muchas residencias o programas externos. Esta inestabilidad afecta directamente a los menores, quienes deben interrumpir vínculos terapéuticos construidos con esfuerzo, para volver a comenzar con un nuevo profesional. La ausencia de continuidad en los acompañamientos emocionales profundiza su vulnerabilidad y retrasa los procesos de reparación del daño psíquico.
La psicóloga lo resume con crudeza al referirse a cómo este contexto también termina dañando a los niños:
El caso destapado por CIPER no solo expone una posible falta de transparencia en la gestión pública, sino que también deja al descubierto las redes preexistentes entre autoridades y ciertas fundaciones beneficiadas, debilitando la confianza en el sistema de protección infantil. Aunque el Servicio ha defendido su actuar alegando que buscaba retroalimentación técnica, los antecedentes muestran que los cambios solicitados por las fundaciones fueron incorporados en las bases oficiales del concurso, sin quedar registro formal de esas gestiones. Este tipo de prácticas no solo tensionan la legalidad del proceso, sino que reafirman lo que muchos profesionales del área han venido denunciando hace años: que el sistema, lejos de ser un espacio reparador, sigue reproduciendo lógicas de abandono e inequidad.
